Denunciar
los abusos contra el medio ambiente y la actividad ilegal de algunas
empresas sin escrúpulos se ha intentado ilegalizar en Estados
Unidos. Algo sin precedentes, especialmente en la autodenominada la
democracia del mundo. Supongo que los más afectados por
la noticia han sido los propios estadounidenses cabales, que ven cómo
su gobierno ha perdido definitivamente la cordura. Si todavía
queda algo de vigor en la sociedad estadounidense, a la que, en general,
le repugna los atropellos contra los derechos de sus ciudadanos, tiene
que reaccionar de una vez por todas y echar de la Casa Blanca a esa
panda de hipócritas que pretenden gobernar el mundo con la
fuerza de sus ejércitos y compañías transnacionales,
vendiéndonos a todos que desparraman el progreso, la democracia
y los derechos humanos.
Una multa y unos días de cárcel para unos cuantos activistas
de Greenpeace por denunciar, de forma pacífica, una flagrante
infracción de la legislación internacional en materia
de conservación, puede ser algo inevitable y asumible. Greenpeace
sabe que poner una denuncia en el juzgado de guardia contra estas
compañías no sirve de casi nada. Sus acciones de denuncia
y sobretodo de concienciación, necesitan repercusión
mediática. Esta repercusión no se logra pleiteando durante
años contra corporaciones que pueden permitirse el lujo de
contratar a los más prestigiosos abogados y a algún
que otro juez corrupto, por no hablar de los legisladores y gobernantes,
que suelen ser sus propios accionistas mayoritarios. El efecto mediático
y, por consiguiente, el de concienciación social y política
se logra con acciones de este tipo, que implican violar la ley, precisamente
para que la ley acabe siendo impuesta a esos grandes delincuentes
de guante blanco, cada vez menos blanco. Se puede argumentar que violar
la ley no es una vía apropiada para reclamar su cumplimiento.
Pero dada la trayectoria de Greenpeace, sabemos que, a veces, no queda
más remedio, si se han agotado todos los cauces. ¿No
argumentan los grandes teóricos del estado que la guerra es
una continuación de la política cuando fallan todos
los resortes diplomáticos y legales? Yo matizaría que
la guerra es, en realidad, una continuación o premisa del negocio,
cuando fallan todas las estratagemas para timar a los explotados.
De todos modos, una cosa es saltarse un semáforo, como lo hacen
las ambulancias o los propios policías para salvar una vida
o atrapar a un ladrón, y otra matar a tiros a un niño
en la puerta del colegio. Los dos pueden ser actos ilegales, pero
difícilmente podemos considerarlos igualmente criminales.
Lo que hace Greenpeace es denunciar al que
acaba de destrozar el futuro del único planeta que tenemos,
es decir, a un criminal que está privándonos a todos
del patrimonio de la humanidad por un puñado de dólares.
Y para eso, Greenpeace ha tenido que saltarse algún que otro
semáforo.
Estoy seguro que Greenpeace aceptaría
gustosa ser declarada organización ilegal si al mismo tiempo
todas y cada una de las empresas que están destruyendo el
mundo, bien con su explotación insostenible de los recursos
naturales, como con la producción de residuos tóxicos
contaminantes, con el estrangulamiento financiero usurero, así
como con la fabricación de todo tipo de artilugios destinados
a la aniquilación de personas, también fueran declaradas
organizaciones criminales y fueran juzgadas por todos y cada uno
de los delitos, abusos, destrozos y muertes que han ocasionado.
Detrás de este intento fallido de criminalización
sólo puede haber un objetivo: silenciar una voz que denuncia,
eliminar un dedo que señala y una mirada crítica que
tanto incomoda a directores de marketing y accionistas de brillantes
compañías que sin expolio, especulación, destrucción
del medio, acciones ilegales, y gobiernos apañados, no podrían
tener semejantes márgenes de beneficio.
Nuestra enhorabuena a Greenpeace por haber
ganado este pulso, y también nuestro agradecimiento por la
labor que realiza en defensa de nuestro planeta, de nuestros intereses
y de nuestros derechos.
Javier Salaberria
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