¿De qué color es el guante blanco de Bush?
Denunciar los abusos contra el medio ambiente y la actividad ilegal de algunas empresas sin escrúpulos se ha intentado ilegalizar en Estados Unidos. Algo sin precedentes, especialmente en la autodenominada “la democracia del mundo”. Supongo que los más afectados por la noticia han sido los propios estadounidenses cabales, que ven cómo su gobierno ha perdido definitivamente la cordura. Si todavía queda algo de vigor en la sociedad estadounidense, a la que, en general, le repugna los atropellos contra los derechos de sus ciudadanos, tiene que reaccionar de una vez por todas y echar de la Casa Blanca a esa panda de hipócritas que pretenden gobernar el mundo con la fuerza de sus ejércitos y compañías transnacionales, vendiéndonos a todos que desparraman el progreso, la democracia y los derechos humanos.
Una multa y unos días de cárcel para unos cuantos activistas de Greenpeace por denunciar, de forma pacífica, una flagrante infracción de la legislación internacional en materia de conservación, puede ser algo inevitable y asumible. Greenpeace sabe que poner una denuncia en el juzgado de guardia contra estas compañías no sirve de casi nada. Sus acciones de denuncia y sobretodo de concienciación, necesitan repercusión mediática. Esta repercusión no se logra pleiteando durante años contra corporaciones que pueden permitirse el lujo de contratar a los más prestigiosos abogados y a algún que otro juez corrupto, por no hablar de los legisladores y gobernantes, que suelen ser sus propios accionistas mayoritarios. El efecto mediático y, por consiguiente, el de concienciación social y política se logra con acciones de este tipo, que implican violar la ley, precisamente para que la ley acabe siendo impuesta a esos grandes delincuentes de guante blanco, cada vez menos blanco. Se puede argumentar que violar la ley no es una vía apropiada para reclamar su cumplimiento. Pero dada la trayectoria de Greenpeace, sabemos que, a veces, no queda más remedio, si se han agotado todos los cauces. ¿No argumentan los grandes teóricos del estado que la guerra es una continuación de la política cuando fallan todos los resortes diplomáticos y legales? Yo matizaría que la guerra es, en realidad, una continuación o premisa del negocio, cuando fallan todas las estratagemas para timar a los explotados. De todos modos, una cosa es saltarse un semáforo, como lo hacen las ambulancias o los propios policías para salvar una vida o atrapar a un ladrón, y otra matar a tiros a un niño en la puerta del colegio. Los dos pueden ser actos ilegales, pero difícilmente podemos considerarlos igualmente criminales.

Lo que hace Greenpeace es denunciar al que acaba de destrozar el futuro del único planeta que tenemos, es decir, a un criminal que está privándonos a todos del patrimonio de la humanidad por un puñado de dólares. Y para eso, Greenpeace ha tenido que saltarse algún que otro semáforo.

Estoy seguro que Greenpeace aceptaría gustosa ser declarada organización ilegal si al mismo tiempo todas y cada una de las empresas que están destruyendo el mundo, bien con su explotación insostenible de los recursos naturales, como con la producción de residuos tóxicos contaminantes, con el estrangulamiento financiero usurero, así como con la fabricación de todo tipo de artilugios destinados a la aniquilación de personas, también fueran declaradas organizaciones criminales y fueran juzgadas por todos y cada uno de los delitos, abusos, destrozos y muertes que han ocasionado.
Detrás de este intento fallido de criminalización sólo puede haber un objetivo: silenciar una voz que denuncia, eliminar un dedo que señala y una mirada crítica que tanto incomoda a directores de marketing y accionistas de brillantes compañías que sin expolio, especulación, destrucción del medio, acciones ilegales, y gobiernos apañados, no podrían tener semejantes márgenes de beneficio.

Nuestra enhorabuena a Greenpeace por haber ganado este pulso, y también nuestro agradecimiento por la labor que realiza en defensa de nuestro planeta, de nuestros intereses y de nuestros derechos.


Javier Salaberria


 
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