El pasado 6 de diciembre, el submarinista Eduardo Ferreiro murió mientras se encontraba instalando los difusores del emisario submarino de San Sebastián. El informe de la Guardia Civil sobre el accidente, en el que resultó herido un segundo submarinista que tuvo que ser tratado en una cámara hiperbárica, detectó varias irregularidades: la botella del fallecido no estaba contrastada y la última revisión la realizó en octubre de 1992, no existía un regulador de emergencia, su ordenador indicaba una profundidad máxima de 54 metros cuando su licencia sólo le permitía bucear hasta 15, y ninguno de los dos buzos figuraba como trabajador oficial de la obra.
Este accidente ha causado estupor entre los profesionales del buceo dado que se han incumplido todas las normas básicas de seguridad y todas las normativas existentes, tanto por parte de los trabajadores como de los empresarios.
Los buceadores son conscientes de que el riesgo forma parte de su profesión, pero cuando ocurren accidentes de este tipo, que perjudican al buceo en general y que significan una pérdida irreparable para las familias, se abren las sospechas de que a pesar de que todas las precauciones serían insuficientes para garantizar un 100% de seguridad, en muchos casos se pasan por alto, por motivos presupuestarios o de otra índole, cuestiones que multiplican las posibilidades de accidentes como el sucedido.
Pocas empresas de buceo profesional en España cumplen con las normas de seguridad establecidas respecto a material (reguladores, compresores, botellas, calidad del aire) y respecto a otros aspectos como seguros, licencias y condiciones de trabajo.
En cuanto a los buceadores, la experiencia hace que se valore el riesgo y que el buzo sepa decir que no a cierto tipo de trabajos. El título de buceo profesional no garantiza por si solo, que una persona sea capaz de realizar su trabajo con total seguridad. Para ello es fundamental que tanto el empresario como el equipo de trabajo se comporten profesionalmente, primando la seguridad sobre la competitividad. Cuando hablamos de actividades en las que un error puede costar la vida de una persona, la exigencia de calidad debe ser extrema y debe anteponerse a cualquier criterio económico. Este asunto incumbe tanto a los empresarios como a los buceadores, que no deben tolerar la falta de medidas de seguridad para realizar su trabajo.