La Isla de Tenerife es uno de los máximos exponentes del turismo poco respetuoso con el litoral. A pesar de utilizar las playas como máximo reclamo turístico, la isla se encuentra acosada por numerosos proyectos destructores del litoral y con una clara repercusión negativa en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Al turismo masivo -descontrolado en algunos casos- que se da en la isla, hay que añadir otros problemas, como la contaminación de la costa por vertidos de aguas residuales sin depurar que alteran el estado de las playas y alejan a esta isla de un futuro sostenible. Sin embargo, una de las decisiones más bochornosas tomadas por el Ministerio de Medio Ambiente es la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental que permite la construcción de un puerto industrial en Granadilla.
El proyecto de este puerto de dimensiones faraónicas carece de cualquier justificación ambiental, a pesar de que el Ministerio haya sabido encontrarla en la Resolución en la que autoriza el proyecto como ambientalmente viable. Además tampoco tiene ninguna justificación social o económica.
La realidad económica de las Islas Canarias muestra que el 80% de su riqueza proviene del turismo (frente al 11% de media nacional), y que la aportación económica de las actividades portuarias es de un 1%.
Este dato económico, que por su contundencia ya debería hacer reflexionar a los promotores del proyecto, no es el único que desaconseja el proyecto. La incidencia en el medio ambiente será enorme, tal como lo ha reconocido la Unión Europea que ha admitido a trámite varias quejas actualmente en estudio, una de ellas presentada por Greenpeace.

Pobre justificación
Según los promotores del proyecto, la necesidad del nuevo puerto no es otra que el “posible colapso” del puerto de Santa Cruz debido al “crecimiento esperado” del tráfico marítimo. Pero la realidad dice que el tráfico de mercancías sólo creció un 1% en el último año, lo que contradice claramente la idea del colapso portuario.
Además, para acceder a nuevos tráficos portuarios, el nuevo puerto deberá competir con los puertos de Tánger, Agadir, Casablanca, Algeciras y Gran Canaria, lo que aleja aún más la idea del colapso portuario vaticinado por los responsables del proyecto del nuevo puerto.
La última certeza que nos ocultan es que el Puerto de Santa Cruz podría ser ampliado, siempre que se demostrase la necesidad real de dicha ampliación, con un coste muy inferior tanto desde el punto de vista medioambiental, como social y económico. Además este puerto está siendo descuidado sistemáticamente por parte de la Autoridad Portuaria para justificar la necesidad del puerto de Granadilla. Prueba de ello es que durante la última década este puerto no ha sido objeto de medidas de mejora, que lo mantendrían en buen estado y completamente funcional, evidenciando lo innecesario de un nuevo puerto ubicado a 60 kilómetros.
Si se construye el Puerto de Granadilla se perderán 5 kilómetros de costa en buen estado y de incalculable valor; playas y acantilados naturales como Montaña Roja, Bahía de El Médano, Playa Jaquita o Punta del Camello, entre otros. Hay que sumar que al proyecto se destinarían 500 millones de euros de fondos europeos para el desarrollo rural (fondos FEDER), fondos que podrían servir para el desarrollo sostenible de la isla. La calidad del agua cambiaría sustancialmente; el propio Gobierno de Canarias reconoce el riesgo de contaminación de las zonas de alrededor. Y es que a menos de 10 Km. del nuevo puerto se ubican 4 núcleos turísticos y a 20 Km. uno de los mayores complejos turísticos a nivel mundial: Las Américas-Los Cristianos. Otra gran pérdida serían los sebadales, bosques submarinos que albergan un gran riqueza biológica y que constituyen un centro de cría y refugio para numerosas especies de interés pesquero. Tampoco se librarían de la presión del puerto los cetáceos, representantes de uno de los mayores patrimonios de las Islas Canarias. Todas estas pérdidas se derivan del Puerto de Granadilla, por no hablar de los miles de puestos de trabajo que se perderían en el Puerto de Santa Cruz o en la industria turística.
Por todo ello Greenpeace rechaza de pleno la construcción de este puerto. Es el momento de que todos los ciudadanos y, sobre todo, los tinerfeños, expresen su rechazo a un proyecto que sólo enriquecerá a unos pocos especuladores.

Islandia quiere volver a cazar ballenas

El buque Rainbow Warrior ha puesto rumbo a Islandia con el fin de parar la caza de 38 rorcuales aliblancos, especie que las autoridades de Islandia están planeando cazar bajo un programa de “caza cientÌfica”. El Rainbow Warrior ha desviado su ruta desde el Mediterráneo y tiene previsto llegar a aguas de Islandia en 2 semanas. El primer viaje que el buque realizó a Islandia para enfrentarse a la caza comercial de ballenas fue en 1978. Greenpeace vuelve ahora para apoyar a los grupos locales que temen que este sea el primer paso para reanudar la caza comercial de ballenas. La industria turística de observación de ballenas genera en Islandia importantes ingresos que se verían seriamente amenazados por la caza de ballenas a gran escala. El director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Gerd Leipold, que participó en la campaña para detener la caza de ballenas en Islandia hace 25 años, regresa a Islandia con el Rainbow Warrior para reunirse con grupos locales y discutir posibles soluciones: “La caza de ballenas forma parte del pasado de la Islandia y asÌ debe permanecer. Algunos lo lamentarán porque la caza de ballenas era una parte de su historia. Nosotros no esperamos convencer a todo el mundo, lo que Greenpeace espera es ser capaz de dar a los islandeses la confianza para decir no para siempre a la caza de ballenas”.